Buenos Aires, 21 de agosto de 2025 — 07:44 h | Agrofy News
Este jueves a las 11 de la mañana, el Senado de la Nación se prepara para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/25, que modifica la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y le quita su autarquía. La sesión podría marcar un punto de inflexión en la política agroindustrial del país.
El decreto, impulsado por el Ejecutivo y firmado por Federico Sturzenegger, ya fue rechazado la semana pasada por la Cámara de Diputados, donde la oposición logró reunir 141 votos en contra frente a 65 a favor. Si el Senado también lo rechaza, el DNU quedará formalmente anulado y el INTA recuperaría su esquema original de gobierno compartido con las entidades del agro. La medida también alcanza al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Un revés político en plena campaña
La sesión se da en un contexto complejo para el Gobierno, que viene de enfrentar la anulación del veto presidencial en el tema discapacidad. Aunque logró frenar el avance de la ley de jubilados, el clima legislativo se presenta adverso en plena campaña electoral.
El acta de labor parlamentaria establece que se tratarán los decretos 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25, todos vinculados a reformas estructurales en organismos públicos.
Movilización y resistencia sindical
Desde temprano, trabajadores del INTA se movilizan hacia el Congreso en defensa de la institucionalidad del organismo. Los gremios advierten que la reforma pone en riesgo la misión técnica del instituto, sus tareas fundamentales y su representación territorial en todo el país.
Además, la Justicia Federal de San Martín ya falló en contra del decreto, otorgando una medida cautelar que ordena al Gobierno abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del DNU.
¿Y si el Congreso lo rechaza?
En caso de que ambas cámaras del Congreso rechacen el decreto, el Gobierno anticipó que recurrirá a la Justicia para intentar sostener la medida. Sin embargo, con el fallo judicial ya en contra y la presión social en aumento, el futuro del DNU 462/25 parece cada vez más incierto.
